Madrid (ECS).- La delegación española del Partido Popular Europeo (PPE), el mayor grupo político del Parlamento Europeo, ha solicitado la revisión del acuerdo comercial de la UE con Marruecos para excluir explícitamente los productos procedentes del Sáhara Occidental.
Marruecos y el fin del saqueo económico del Sáhara Occidental
En una intervención el 17 de julio de 2025 ante la Comisión de Peticiones del Parlamento, la eurodiputada española Carmen Crespo advirtió de lo que describió como un «desequilibrio inaceptable» en el mercado de frutas y hortalizas de la UE, causado por el aumento de las importaciones marroquíes y la ausencia de garantías adecuadas para los productores de la UE. Exigió mecanismos de reciprocidad, cuotas de importación vinculantes, controles más estrictos y, sobre todo, la exclusión de los productos procedentes del Sáhara Occidental ocupado.
Las declaraciones de Crespo se produjeron cinco días antes de que la Comisión Europea solicitara al Consejo de la UE abrir nuevas conversaciones comerciales con Marruecos, incluyendo de nuevo al Sáhara Occidental, como reveló WSRW a principios de esta semana.
Los agricultores de la UE, y en particular los españoles, se han visto afectados negativamente por la inclusión, durante una década, de las explotaciones agrícolas marroquíes del Sáhara Occidental ocupado en el acuerdo comercial entre la UE y Marruecos.
Crespo, quien también preside la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, mencionó la sentencia de octubre de 2024 del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que confirmó que el Sáhara Occidental es un territorio «distinto y separado» de Marruecos, y que su inclusión en cualquier acuerdo entre la UE y Marruecos requiere el consentimiento del pueblo saharaui. Criticó la continua llegada de productos del Sáhara Occidental con etiquetas marroquíes, afirmando que esto viola el derecho internacional, engaña a los consumidores europeos y distorsiona la competencia.
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La declaración también exigió a Marruecos que indemnizara a la UE si se confirmase la presunta evasión fiscal, estimada por Crespo en hasta 70 millones de euros.