Por Ahmed Zain
ECS. Madrid. | Para mantener la posición de España sobre el Sáhara Occidental o solicitar más fondos a la Unión Europea, Mohamed VI juega la carta de la amenaza y el chantaje migratorio. Carente de una estrategia para legitimar su vulneración del derecho internacional en el Sáhara Occidental, recurre a los métodos más abyectos. Hace apenas 24 horas, más de 60.000 personas, de las cuales 7.800 eran menores, se lanzaron al agua desde la costa de la pequeña ciudad marroquí de Fnideq, en el extremo norte de Marruecos. Para evitar nadar mar adentro y poner en riesgo sus vidas, bordearon los espigones de Ceuta, principal enclave español en el norte de África. En cuestión de minutos, las imágenes ocuparon las portadas de los principales medios occidentales.
‼️🛑 Imágenes de cómo las autoridades marroquíes vacían camiones llenos de jóvenes cerca de la frontera con Ceuta. pic.twitter.com/rwz0s1hpB7
— ECSaharaui (@ECSaharaui__) July 30, 2026
Pero este episodio de migración irregular en el flanco sur de Europa fue, según diversas interpretaciones, orquestado por Marruecos, provocando la conmoción en Bruselas y situando al rey Mohamed VI, hasta ahora considerado un socio fiel de la España de Pedro Sánchez, en el centro de la polémica. En el origen de esta ola migratoria estaría la voluntad de Rabat de castigar al Gobierno de Sánchez, pese a su giro favorable a Marruecos respecto al Sáhara Occidental. Cabe recordar que el pueblo saharaui reclama la independencia del Sáhara Occidental, antigua colonia española invadida militarmente por Marruecos en 1975, cuya descolonización continúa pendiente en el marco de las Naciones Unidas. El asalto a la valla de Ceuta fue celebrado por el embajador de Israel ante la ONU.
El uso por parte de Marruecos de la migración irregular le ha servido al Reino alauí, según fuentes diplomáticas, para reforzar su posición en los asuntos relacionados con el Sáhara Occidental. Sin embargo, Bruselas, París e incluso Madrid actúan entre bastidores para evitar imponer restricciones a Rabat y limitar la condena a una mera expresión de presión política.
Mientras Marruecos afirmaba que se negaba a desempeñar el papel de «policía de Europa», lo hacía pese a beneficiarse desde 2019 de un presupuesto total de 156,7 millones de euros concedidos por la Unión Europea a través del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, creado en 2015 con el objetivo de combatir la inmigración irregular y la trata de seres humanos, proteger a las personas vulnerables y promover el desarrollo económico. Todo ello sin contar la ayuda bilateral destinada regularmente al suministro de equipos de vigilancia costera para las fuerzas de seguridad marroquíes. «Marruecos, a diferencia de otros socios como Argelia, que colabora activamente contra la inmigración irregular, suele alegar falta de medios y solicitar más financiación», enfatizó una fuente diplomática española.
El «chantaje» marroquí a España no se remonta únicamente a esta última crisis. Desde 2019, Rabat decidió unilateralmente imponer un bloqueo económico a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, oficialmente con el objetivo de poner fin al contrabando transfronterizo que, hasta entonces, realizaban diariamente las denominadas «mujeres mulas». La asfixia económica de ambos enclaves forma parte de un proyecto más amplio de Mohamed VI: transformar el norte de Marruecos en una región capaz de competir económica e industrialmente con el sur de España, especialmente con Andalucía. Con el apoyo de grandes multinacionales, entre ellas empresas francesas como Renault, así como importantes infraestructuras como el TGV, Tánger ha experimentado una profunda transformación en los últimos años hasta convertirse en un importante polo industrial.
Una prueba de fuerza