La segunda gran invasión de Ceuta: quién dice qué mientras España pierde el control de su frontera

Por Ana Stella

Madrid (ECS) — Ceuta ha vuelto a caer. Lo advirtió Rubén Pulido desde febrero de este año, cuando casi nadie miraba hacia la frontera sur, y ha ocurrido exactamente como lo predijo: una invasión en toda regla. En apenas doce días han entrado ilegalmente más de 2.000 personas, con una jornada, la del 30 de julio, en la que la Guardia Civil llegó a estimar más de 5.000 los intentos de entrada en solo veinticuatro horas (la prensa marroquí habla incluso de decenas de miles movilizándose hacia la frontera). El CETI, desbordado. La Policía Nacional y la Guardia Civil, sobrepasadas. Y una ciudad española de 83.000 habitantes viendo cómo, en una sola semana, entra el equivalente al 2% de su población.

Esto es una invasión. Y no es la primera.

Más de 1.500 personas entraron a nado en la última semana, según el propio presidente de Ceuta. Interior maneja entre 1.500 y 2.000 «en los últimos días».

El 30 de julio, día de mayor afluencia, la Guardia Civil estimó más de 5.000 entradas en 24 horas, con centenares cruzando también a pie por el espigón del Tarajal.

El CETI tiene capacidad ordinaria para unas 270 plazas de adultos; hoy alberga a más de 550 de forma permanente, con centenares acampados fuera esperando a ser registrados.

Ritmo sostenido de más de 200 entradas diarias por mar durante las jornadas previas.

La inmensa mayoría son jóvenes marroquíes que proceden del sur y cruzan a nado.

Quien quiera entender lo que pasa tiene que mirar cuatro años atrás. En la madrugada del 17 de mayo de 2021, la gendarmería marroquí se apartó de la frontera y dejó pasar. En cuarenta y ocho horas entraron en Ceuta entre 8.000 y 10.000 inmigrantes (el propio Ministerio del Interior fue incapaz de dar una cifra exacta, y algunas estimaciones la elevan a 12.000-15.000), entre ellos unos 1.500 menores. El Ejército tuvo que desplegarse en una ciudad española por un asunto de fronteras.

¿La excusa oficial de Rabat? Que sus gendarmes estaban «cansados tras el Ramadán». La razón real la verbalizó su propio ministro Mustafá Ramid sin ningún problema: España había acogido al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y «el precio por subestimar a Marruecos» había que pagarlo. Lo dijeron ellos. Usaron a miles de personas como proyectiles contra una frontera europea para castigar una decisión diplomática de Madrid.

Y ese es el patrón: Marruecos abre y cierra el grifo según lo que quiera arrancarle a España. Chantaje y extorsión. Lo reconoce hasta la propia Guardia Civil.

La sentencia del Supremo

El 8 de julio, el Tribunal Supremo (sentencia 814/2026) dictaminó que las devoluciones en caliente no pueden aplicarse a quien entra a nado, porque (según su razonamiento) quien cruza por mar no supera «un elemento de contención fronterizo». Esto quiere decir que entrar nadando garantiza que no te devuelven. El mensaje se ha extendido como un reguero de pólvora por todo Marruecos, y lo saben. Por eso casi todos cruzan a nado.

El acuerdo de última hora: devolución, sí; «en caliente», no

En la tarde del 30 de julio, España y Marruecos anunciaron un pacto para revertir la avalancha. Según fuentes del Ministerio del Interior, ambos países acordaron «reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos» y se comprometieron a «revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente» en Ceuta.

Pero hay que precisar, porque el Gobierno se beneficia de la confusión: esto no es una «devolución en caliente». La entrega inmediata y sin trámite en la propia frontera (la devolución en caliente en sentido estricto) sigue prohibida por la sentencia del Supremo del 8 de julio para quien llega a nado, y un pacto bilateral no puede saltarse una resolución judicial. Lo pactado es una readmisión de esas personas a Marruecos «lo antes posible», previsiblemente al amparo del acuerdo de readmisión hispano-marroquí de 1992, con identificación de por medio. Es una devolución, pero por la vía administrativa, no la expulsión exprés que reclama Ceuta.

Lo que hay que saber es que el Gobierno no culpa a Marruecos. Interior se alinea con Rabat y achaca la crisis a las «redes de tráfico de personas» que «instrumentalizan» la sentencia del Supremo, mientras subraya la «ejemplar colaboración» con el mismo país que ha abierto la frontera. Es decir: España pacta con Marruecos la limpieza del desastre que Marruecos ha provocado, y encima le da las gracias.

Rubén Pulido (experto en inmigración) Lo advirtió meses antes: «Se avecinan nuevos asaltos masivos de forma inminente y sin una intervención firme, Ceuta colapsará». Ceuta ha colapsado. Sostiene que el Gobierno lo sabía, valoró la amenaza internamente y no hizo «absolutamente nada por evitar su detonación», y avisa de que lo mismo empieza a reproducirse en Melilla. Su tesis: «Quien a día de hoy piense que Marruecos nos aporta algo, no está en sus cabales».

Juan Jesús Vivas (presidente de Ceuta, PP). Ha pedido al Gobierno la declaración de «emergencia nacional» y un «mando único» con acciones «decididas, enérgicas, proporcionales, contundentes e inmediatas». Recordó que los 1.500 entrados equivalen «a casi el 2% de la población» y advirtió: «Podemos terminar agosto con la misma cifra que tuvimos en mayo de 2021». Ha reclamado directamente a Sánchez cambiar la Ley de Extranjería para poder devolver a quienes llegan a nado.

La Asamblea de Ceuta (Junta de Portavoces). Solicitó formalmente la emergencia nacional al considerar que la ciudad afronta un «salto cualitativo» en la entrada masiva, agravado por las llegadas «a pie, sorteando el espigón del Tarajal».

El Gobierno de España (Interior / Marlaska). Rechazó declarar la emergencia nacional, alegando que la ley 17/2015 de Protección Civil no contempla la presión migratoria como uno de sus supuestos. Marlaska anunció que viajaría a Ceuta el viernes. Interior acusó a «las mafias de tráfico de personas de instrumentalizar una sentencia judicial», anunció un acuerdo con Marruecos para «la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente» y agradeció a las autoridades marroquíes los esfuerzos de sus fuerzas de seguridad, que «han impedido miles de intentos». Mantiene que «el Estado ha estado, está y estará ejerciendo sus competencias».

Exteriores (Gobierno de España). Desvinculó la avalancha del viaje de Sánchez a Argelia: «La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia». Es decir: miles de marroquíes invadiendo Ceuta y el Gobierno describiendo la relación con Rabat como «ejemplar».

La Guardia Civil denuncia el colapso inminente, reclaman refuerzos y protocolos claros tras la sentencia del Supremo, y acusan abiertamente a Marruecos de usar la presión migratoria como instrumento de chantaje hacia España.

Marruecos se desentiende: atribuye todo a «organizaciones criminales» dedicadas a la trata, niega que las autoridades marroquíes favorezcan estos movimientos («no responden, en modo alguno, a una voluntad de las autoridades marroquíes») y proclama que la cooperación con España es «ejemplar».

Mohamed VI (rey de Marruecos). El 29 de julio, en su discurso por el 27 aniversario de su entronización (pronunciado desde Tetuán, a 30 kilómetros de la frontera de Ceuta), presumió de estabilidad: la calificó de «activo de valor incalculable», «moneda rara» y «capital estratégico», y definió a Marruecos como actor internacional «creíble, respetado y escuchado». Menos de ocho horas después, miles de sus súbditos se lanzaban al mar rumbo a Ceuta.

El 20 de julio, Pedro Sánchez aterrizó en Argel (directo desde la final del Mundial) para sellar el fin de cuatro años de crisis diplomática con Argelia, reabrir el grifo del gas del Medgaz y escenificar una nueva etapa con el gran rival histórico de Marruecos.

Diez días después, Ceuta sufre la mayor invasión desde 2021.

¿Casualidad? Los agentes desplegados sobre el terreno tienen la sensación de que Marruecos relajó el control de sus costas justo después de ese viaje. El Gobierno lo niega y su inteligencia, «de momento», dice no vincularlo. Pero el guión ya lo conocemos: Rabat castigó a España en 2021 por un gesto hacia el Polisario.  ¿Por qué no ahora, cuando Sánchez se abraza con Tebune para asegurarse el gas argelino?

Caben dos lecturas, y las dos son malas para el gobierno socialista:

O es una represalia del régimen alauí por el acercamiento a Argelia, y entonces España paga en su propia frontera el precio de la política exterior errática de Sánchez, con Ceuta como moneda de cambio.

O es un pacto, un peaje asumido de antemano («déjame quedar bien con Argelia y yo te abro la frontera un tiempo»). Y entonces estaríamos ante algo mucho más grave: un Gobierno que tolera la invasión de una ciudad española como parte de un trueque diplomático.

En ambos casos pierde Ceuta.