Cuando el Congreso de EE.UU se equivoca de enemigo: el caso del Frente POLISARIO y la desesperación del ocupante marroquí

Por Ahmed Omar

   Madrid (ECS).- En una maniobra que recuerda los errores más vergonzosos de la Guerra Fría, los congresistas Joe Wilson y Jimmy Panetta han propuesto una ley que busca designar al Frente POLISARIO como organización terrorista. El mismo Congreso que en los años ochenta calificó de “terrorista” a Nelson Mandela y al Congreso Nacional Africano, mientras el régimen del apartheid asesinaba, encarcelaba y torturaba, hoy parece repetir la historia: criminalizar a quienes luchan por su libertad y proteger a quienes los reprimen.

    El intento de estigmatizar al Frente POLISARIO no surge de una evaluación estratégica seria ni de informes de inteligencia. Surge de un cálculo político, de una alianza que se consolida entre Marruecos, Israel y ciertos sectores del poder estadounidense, dispuestos a sacrificar principios fundamentales a cambio de acuerdos diplomáticos y alineamientos geoestratégicos. Es el precio de la normalización marroquí-israelí dentro del marco de los Acuerdos de Abraham. Marruecos ofrece lo que tiene —reconocimiento, tierra ocupada, posicionamiento estratégico— y espera a cambio favores políticos, como esta propuesta de ley. Lo que no ha podido conseguir en el terreno ni en la ONU, lo intenta imponer a través del Congreso estadounidense.

   Esta ley no es una señal de fuerza, sino de debilidad. Después de casi cincuenta años de ocupación, Marruecos no ha logrado derrotar al pueblo saharaui. No ha obtenido el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara Occidental, ni ha podido presentar al mundo una narrativa convincente. La comunidad internacional, a través de la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad y las más recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dejado claro que Marruecos no tiene soberanía sobre el territorio y que el pueblo saharaui tiene el derecho inalienable a la autodeterminación. A pesar de los millones invertidos en operaciones de lobby, sobornos y propaganda, Marruecos sigue siendo, jurídicamente, una potencia ocupante. Esta ley es una señal de hasta qué punto el ocupante necesita que otros hablen por él, que otros legislen su victoria imaginaria.

   La propuesta de Wilson y Panetta busca presentar al Frente POLISARIO como una amenaza. Pero los hechos son otros. El POLISARIO ha sido reconocido por las Naciones Unidas como el representante legítimo del pueblo saharaui. Ha firmado y respetado los acuerdos del alto al fuego, ha cooperado con los mecanismos de la ONU, ha recibido delegaciones internacionales —incluidas estadounidenses— y no existe un solo informe creíble que lo vincule a terrorismo, ataques contra civiles o violaciones del derecho internacional humanitario. Ningún gobierno serio, ninguna organización internacional —ni la ONU, ni la Unión Africana, ni la Unión Europea— lo ha designado como grupo terrorista. Esta ley no tiene base legal ni sustento fáctico. Solo responde a la lógica de la propaganda.

    Incluso voces influyentes en la política estadounidense se han pronunciado en contra de esta deriva. El exasesor de seguridad nacional John Bolton, nada sospechoso de simpatías progresistas, escribió el 28 de mayo de 2025 un artículo en The Washington Times en el que afirmaba que el Frente POLISARIO jamás ha mostrado vínculos con extremismo y que Washington debería retomar su compromiso original: apoyar un referéndum real para que los saharauis decidan su futuro. Bolton conoce el expediente y su palabra deja en evidencia la manipulación de quienes impulsan esta propuesta.

   Es legítimo preguntarse: ¿qué intenta salvar esta ley? ¿Acaso se trata de una maniobra desesperada para proteger a una monarquía que empieza a mostrar signos de jaque mate? Internamente, Marruecos vive una creciente represión, un control sofocante de la prensa, una juventud sin perspectivas, desigualdades profundas y una clase dirigente cada vez más desconectada de la realidad del país. Externamente, su política de ocupación pierde fuerza jurídica y legitimidad política. La sentencia del pueblo saharaui —a pesar del exilio, la represión y la guerra— es clara: no se rendirá.

    El Congreso de los Estados Unidos debería recordar que la historia ya ha juzgado decisiones como esta. En su momento, apoyar al apartheid o declarar terrorista a Mandela eran apuestas políticas cómodas para algunos sectores. Hoy, son motivo de vergüenza histórica. Designar al Frente POLISARIO como terrorista sería repetir ese error, con pleno conocimiento de causa.

   Quienes proponen esta ley no están combatiendo el terrorismo. Lo están encubriendo. Porque el verdadero terrorismo es el que Marruecos ejerce en las calles de El Aaiún, en los tribunales militares contra civiles saharauis, en las cárceles clandestinas, en la represión de periodistas, en el saqueo sistemático de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Ese terrorismo, más antiguo, más estructural, más documentado, es el que esta ley pretende ocultar.

   No se puede construir la paz criminalizando a quienes buscan justicia. No se puede legislar la ocupación. Y no se puede tapar la verdad con una votación amañada. La causa saharaui es legal, legítima y profundamente humana. Ya lo intentaron silenciar antes, y fracasaron. Esta vez también fracasarán.