Marruecos impide entrar en el Sáhara Occidental a una delegación de juristas de España

• Su objetivo era analizar la situación de los Derechos Humanos en los Territorios que España entregó a finales de 1975 al régimen marroquí y que este mantiene bajo ocupación.

Por Alfonso Lafarga

    Madrid | ECS.- El Gobierno de Marruecos ha impedido entrar en el Sáhara Occidental a una delegación de juristas de España que había viajado a El Aaiún, comisionada por el Consejo General de la Abogacía, para analizar y verificar la situación de los Derechos Humanos en los Territorios que España entregó a finales de 1975 al régimen marroquí y que este mantiene bajo ocupación

    La Delegación Jurídica Técnica la componían las juristas canarias Inés Miranda Navarro, Dolores Travieso Darías y Flora Marrero Ramos, y el técnico Silvestre Suárez Fernández; tenían previsto permanecer en la capital saharaui desde 5 al 18 de marzo y habían informado del viaje a los gobiernos de España y de Canarias, a las Naciones Unidas y al Parlamento y Consejo Europeo.

     Con estas expulsiones son y, al menos, 18 las personas -16 de ellas españolas- que han sido expulsadas en lo que va de año del Sáhara Occidental ocupado por parte de las autoridades marroquíes, sin que el Ministerio de Asuntos Exteriores español, que dirige José Manuel Albares, se haya pronunciado.

     Dos supuestos agentes marroquíes sin identificar subieron a un avión español al llegar a El Aaiún e impidieron a la delegación desembarcar y la aeronave fue devuelta a las Palmas de Gran Canaria.

      La forma de actuar fue similar a la que las autoridades marroquíes utilizaron el 21 de febrero pasado, cuando personas de paisano y sin identificar no permitieron descender del avión en El Aaiún a las eurodiputadas Isa Serra, española, y Catarina Martins, de Portugal y al eurodiputado Jussi Saramo, de Finlandia.

      En el caso ocurrido hoy en El Aaiún, la delegación española se ha quejado de que los dos individuos subieran a un avión que es territorio español, sin identificarse y sin dar explicación alguna.

      Previamente a la llegada a El Aaiún, la (Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental IAJUWS) informó de que el marco de trabajo de la visita son los lineamientos iniciados en 2002, “que se mantienen hasta la presente fecha y que, además, incluye el estudio de la gestión de los recursos naturales del territorio saharaui”.

     La delegación tenía previsto reunirse con familiares de los presos políticos y de conciencia saharauis y organizaciones saharauis como la Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH) y con la población civil saharaui.

      Para la IAUJWS “el mantenimiento de las misiones internacionales de observación es esencial para la supervisión del cumplimiento de las normas y los estándares internacionales de Derechos Humanos, sobre todo en los Territorios No Autónomos como el Sáhara Occidental, donde el proceso de descolonización se encuentra inconcluso, entre otras razones, por la presencia de una potencia ocupante como el Reino de Marruecos”.

      “Esta ocupación ilegal se manifiesta, además, mediante el expolio de los recursos naturales saharauis, las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos de la población saharaui, las detenciones arbitrarias e ilegales de defensores de DDHH y el abierto desacato a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la nulidad de los Acuerdos de Pesca y Agricultura entre la UE y el Reino de Marruecos”, afirma la IAUJWS.

      La Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS), ha dicho que la expulsión la “habitual y constante restricción de la entrada del territorio se enmarca dentro de la política de aislamiento y del bloqueo militar y mediático impuesto desde 2014”, y llama a la comunidad internacional a tomar medidas efectivas para obligar a las autoridades de ocupación a cesar estas prácticas y garantizar el respeto de los derechos humanos.

     AFAPREDESA, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos, por su parte, lamenta que España, potencia administradora del Sáhara Occidental, la Unión Europea y las Naciones Unidas no hayan adoptado medidas efectivas para garantizar la misión de la delegación de juristas, “acción que se agrava por la colaboración de una empresa española como Binter Canarias con las fuerzas de ocupación”.

     La LPPS afirma que Marruecos ha expulsado del Sáhara Occidental a más de 291 personas de 21 países entre profesionales de los medios de comunicación, abogados y activistas de DDHH.