La iniciativa ignorada que aseguraba la paz: el proyecto del Frente POLISARIO de 2007, la única base sólida para un Magreb estable y soberano

Por Ahemd Omar

EDITORIAL

En diplomacia, como en los negocios, el valor de una idea suele depender menos de su contenido que de la firma que la respalda. La historia del conflicto del Sáhara Occidental ilustra con crudeza esa realidad. En 2007, tanto Marruecos como el Frente POLISARIO presentaron sendas propuestas políticas ante el Consejo de Seguridad. La marroquí, acompañada por un aparato de lobby bien financiado y respaldos estratégicos, fue rápidamente calificada por gobiernos occidentales como “seria y creíble”. La del Frente POLISARIO, en cambio, recibió un silencio institucional que reflejaba más geopolítica que razonamiento. Sin embargo, a la luz del derecho internacional y de la estabilidad regional, fue y sigue siendo la única propuesta con viabilidad real.

El texto del Frente POLISARIO —registrado oficialmente ante el Consejo de Seguridad el 16 de abril de 2007— no es un manifiesto ideológico, sino un diseño técnico de gobernanza. Parte de una premisa jurídica incontestable: el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo en proceso inconcluso de descolonización, y Marruecos no tiene soberanía ni título administrativo sobre él. El documento plantea un referéndum bajo supervisión de la ONU, con tres opciones: independencia, integración o autonomía. Esta triple vía es el mecanismo estándar de resolución en contextos de descolonización, probado en Timor-Leste y Namibia.

Lo innovador y pragmático del plan reside en su visión postreferéndum. El POLISARIO ofrece a Marruecos y a los marroquíes residentes en el territorio una red de garantías de estabilidad y cooperación: reconocimiento mutuo de fronteras, acuerdos sobre recursos naturales, participación política y económica de los ciudadanos marroquíes, renuncia recíproca a indemnizaciones y establecimiento de mecanismos de seguridad conjuntos. Es, en esencia, un modelo de integración regional sin subordinación: Marruecos dejaría de ser una potencia ocupante y pasaría a ser un socio estratégico.

Desde una óptica realista, este marco transformaría los costes políticos, militares y económicos del conflicto en beneficios compartidos. Reduciría el gasto marroquí en control militar, mejoraría su reputación internacional y abriría la puerta a una cooperación energética y comercial basada en la legalidad. Para el Sáhara Occidental, consolidaría la soberanía y la legitimidad de un Estado dispuesto a contribuir activamente a la seguridad magrebí y africana.

El Sáhara Occidental ante la traición del derecho: entre la ocupación, el silencio y la manipulación diplomática

En contraposición, la llamada “autonomía” marroquí no ofrece gobernanza verificable ni salida jurídica al contencioso. Es una fórmula de control administrativo revestida de concesión política, sin garantías para los saharauis ni beneficios tangibles para la región. Ninguna estabilidad duradera puede surgir de una ocupación ilegal, por muy maquillada que esté.

El plan del Frente POLISARIO es, por tanto, el único que convierte el conflicto en cooperación y la soberanía en seguridad compartida. No busca legitimidad mediante promesas, sino mediante resultados verificables. Si los actores internacionales decidieran medir las propuestas por su viabilidad institucional y no por la influencia del proponente, descubrirían que la solución ya existe desde 2007 —archivada, ignorada, pero intacta en su lógica.

En un Magreb fragmentado y vulnerable, donde la estabilidad se ha vuelto un activo estratégico, el documento del Frente POLISARIO no es un gesto político: es un modelo de arquitectura regional avanzada. Su aplicación no solo cerraría uno de los últimos procesos de descolonización pendientes del mundo, sino que convertiría al Sáhara Occidental en el pivote de una nueva ecuación de seguridad y legalidad en África del Norte.

Ese es el mérito del plan de 2007: demostrar que, incluso frente al poder, la razón puede seguir siendo una estrategia de Estado.