Marruecos silencia a la prensa para ocultar las violaciones de los DDHH en el Sáhara Occidental

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La eurodiputada Ana Miranda, del Bloque Nacionalista Gallego, denuncia que la expulsión de periodistas españoles del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos es un nuevo intento de silenciar a la prensa internacional y de ocultar las violaciones de Derechos Humanos.

Lo ha expuesto en una queja formal ante la Comisión Europea tras la reciente expulsión de los periodistas Francisco Carrión, de El Independiente, y José Carmona, de Público.

Miranda exige a la Comisión Europea conocer qué medidas tomará para garantizar la seguridad de los periodistas y qué acción llevará a cabo frente a las restricciones impuestas por Marruecos. Su preocupación se alinea con la resolución del Parlamento Europeo sobre la protección de periodistas y la libertad de expresión, aspectos clave dentro de la política de la Unión Europea, informa PUSL.

Las expulsiones de periodistas han sido recurrentes en el Sáhara Occidental, una región que la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) califica como un «agujero negro informativo» debido al estricto control policial y militar impuesto por Marruecos. Desde principios de 2025, al menos siete ciudadanos españoles han sido expulsados del territorio.

La expulsión de loa periodistas Carrión y Carmona ha originado la reacción de organizaciones de prensa y derechos humanos. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y Reporteros Sin Fronteras han denunciado estos actos y han instado a Marruecos a garantizar el acceso libre y sin restricciones a la prensa internacional. Además, la FAPE ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores de España que exija explicaciones a su contraparte marroquí por estos hechos.

Además de los periodistas también ha sido expulsados dos activistas de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) y una delegación de políticos vascos.

Un informe conjunto de la Liga para la Protección de los Presos Políticos Saharauis (LPPS) y la Asociación Francesa de Amistad y Solidaridad con los Pueblos de África (AFASPA) detalla que desde 2014 Marruecos ha negado el acceso o ha expulsado del Sáhara Occidental ocupado a al menos 307 periodistas, juristas y activistas de derechos humanos. Según el informe, estos afectados proceden de 21 países y cuatro continentes, lo que evidencia la sistematicidad de estas prácticas.

El documento también resalta que Marruecos ha intensificado estas restricciones en determinados años: 85 expulsiones en 2016, 68 en 2017 (incluidos cinco eurodiputados), 53 en 2014 y 34 en 2019. Desde 2014, Rabat ha impedido la presencia de observadores extranjeros en el Sáhara Occidental, reforzando así el control informativo sobre la región.

En relación con estas expulsiones, Sumar ha vuelto a pedir cuentas al ala socialista del Gobierno de coalición a propósito de la política exterior con Marruecos. El grupo de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha pedido al PSOE que tome medidas para «defender la libertad de prensa, los derechos humanos y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui», informa Francisco Carrión en El Independiente.

Lo ha reclamado en una pregunta por escrito al ministerio de Asuntos Exteriores registrada en el Congreso de los Diputados, firmada por los diputados del grupo plurinacional Tesh Sidi y Enrique Santiago.

humanitarias para proteger la libertad de prensa, los derechos humanos y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Además, ha pedido explicaciones sobre posibles gestiones de la empresa pública Enaire, dependiente del Ministerio de Transportes, en relación con el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental.

Enrique Santiago, por su parte, ha solicitado al Ejecutivo su valoración sobre las denuncias de varias ONG en torno a las vulneraciones de derechos humanos en los territorios ocupados y la falta de competencias de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). Asimismo, ha cuestionado la postura del Gobierno frente a la apertura de líneas aéreas hacia ciudades saharauis ocupadas, lo que considera una «complicidad con el régimen marroquí».